Es decir, los servicios son considerados públicos cuando el Gobierno los provee. Esto puede ser, mediante entidades o empresas estatales.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que el servicio público la desarrolle un privado. Esto, siempre que la empresa esté sujeta a supervisión y fiscalización del gobierno.

El Estado decide encargarse de la oferta de ciertos servicios para satisfacer necesidades básicas y asegurar acceso mínimo a la población. Puede ser el caso del agua y la electricidad, por ejemplo.